DISCURSO DEL DR. CLODOSBALDO RUSSIÁN, CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Dr. Clodosvaldo Russián, Contralor General de la
República Bolivariana de Venezuela,
pronuncia el discurso ante la
plenaria de la IV Reunión de la IAACA, que se realiza en Macao
Agradezco la oportunidad que me brinda la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA) de compartir algunas ideas sobre un tema tan interesante y fundamental como es la cooperación internacional en materia de anti corrupción, porque… Independientemente de que exista una corrupción de carácter más institucionalizado o más político, cualquiera sea la dimensión o intensidad que tenga, es innegable que hoy en día no hay país que esté completamente libre del problema de la corrupción en mayor o menor grado. Por eso, para muchos la corrupción está tomando características epidémicas, ya que alcanza niveles cada vez mayores, atacando tanto al sector público como al sector privado.
La corrupción con frecuencia facilita otro tipo de hechos criminales con efectos nefastos, como son el tráfico de armas y de drogas, la prostitución, el tráfico de niños, mujeres y órganos, y en suma, el comercio ilícito y la delincuencia global. Las actividades delictivas globales están transformando el sistema internacional, invirtiendo las reglas, creando nuevos agentes y reconfigurando el poder en la política y la economía internacionales.
Con el proceso de globalización la corrupción ha ampliado con nuevas formas que traspasan las fronteras nacionales y que plantean un serio desafío a la comunidad internacional. Ya no es posible abordarla tan solo localmente; se requiere de la asistencia recíproca, de una cooperación internacional coordinada y de redes de ayuda mutua. Dentro de este contexto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción satisface un anhelo y viene a llenar un vacío y a responder a una necesidad existente en los países del mundo, debido a que este instrumento tiende a unificar la definición de muchos términos que se utilizan con diferentes significados en diversos Estados Parte; exige la elaboración de medidas de prevención de la corrupción que abarquen tanto al sector público como al sector privado; solicita la tipificación de determinados delitos; promueve la cooperación internacional mediante, la extradición, la asistencia judicial recíproca y las investigaciones conjuntas; prevé la recuperación de activos; estipula la adopción de medidas respecto de la capacitación, la investigación y el intercambio de información; entre otras.
En lo que respecta a nuestros países, en busca de una verdadera independencia y desarrollo sostenido, es imprescindible contar con gobiernos honestos, eficaces y transparentes. De allí la necesidad de controlar la corrupción que, en muchos países, invade todo el tejido social e incluso forma parte de su misma cultura. No se trata de un problema meramente gubernamental; involucra al sector privado. De hecho, sucede que los beneficios obtenidos por las grandes corporaciones y empresas, hoy en día muchas de ellas transnacionales, se obtienen a costa de la pobreza de la población de los países de menores recursos, los cuales además suelen padecer de malos servicios y de mercancías de inferior calidad, producto de la corrupción.
Nosotros estamos comprometidos a combatir la pobreza en nuestro país y fuera de él y sabemos que la derrota de la pobreza pasa por ponerle punto final a la corrupción, a través de la prevención, investigación, enjuiciamiento de los delincuentes, incautación y restitución de los activos objeto de apropiación indebida, pero también fomentando la asistencia judicial recíproca para la reunión y transferencia de pruebas, la extradición, y la localización, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto de la corrupción.
En ese sentido, a nivel nacional, en Venezuela, contamos con una serie de cambios en nuestro sistema con el fin de librar esta batalla contra la corrupción. Una de las innovaciones más importantes que incorporó nuestra Constitución fue modificar la clásica división tripartita de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para concebir la organización del Poder Público Nacional en cinco Poderes autónomos e independientes entre sí. En otras palabras se rompió con el esquema clásico de Estado moderno y además, del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se incorporó el Poder Ciudadano y el Poder Electoral.
La concepción de este innovador Poder Ciudadano está fundamentada en el histórico planteamiento del Poder Moral, formulado por nuestro Libertador Simón Bolívar, en su proyecto de Constitución presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público o Fiscalía General de la República, y la Contraloría General de la República.
De acuerdo con la nueva Constitución, el Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Tiene poder de actuación a escala nacional y está destinado a prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública, la moral administrativa, así como velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, y el cumplimiento y la aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, funciones que como ven tienen una total vinculación con el combate contra la corrupción.
La Contraloría venezolana es un órgano autónomo, que en el ejercicio de sus funciones no está subordinada a ningún otro Poder Público. No obstante ejerce ante estos un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, a través de sus facultades para detectar y prevenir actos irregulares, para así determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores públicos, así como en su ejercicio, al identificar ilícitos civiles y penales, hacerlos del conocimiento de las autoridades competentes
Como órgano de control que vela por la administración y el buen uso de los recursos públicos, y que desempeña por tanto, un importante rol en la lucha contra la corrupción, a la Contraloría General de Venezuela le ha sido encomendada la tarea de actuar como representante del gobierno venezolano en los grandes hitos internacionales vinculados con la lucha contra la corrupción De allí su destacada participación en las diversas deliberaciones que tuvieron lugar para la elaboración y negociación de un instrumento tan valioso como es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. De allí también su participación en la promoción y elaboración de ese otro instrumento, esta vez regional, como es la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en la implementación de su mecanismo de seguimiento. Como hemos podido ver, la labor de la Contraloría General no se circunscribe al ámbito nacional, sino que trasciende al ámbito internacional.
Ahora bien… Con miras a mejorar los canales de información entre los cinco poderes que conforman el Estado venezolano, y de los cuales hablamos al inicio de nuestra exposición, la Contraloría General de Venezuela promovió la creación de una Comisión Interinstitucional integrada por funcionarios representantes de los más altos niveles gerenciales de los cinco poderes, a saber: Vicepresidencia de la República, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional Electoral, Servicio Integrado de Administración Tributaria y la propia Contraloría General. El objetivo de dicha Comisión es atender las tareas derivadas de las convenciones internacionales de la lucha contra la corrupción; en primera instancia, recabar e intercambiar información sobre todos los aspectos que conforman la Convención Interamericana contra la Corrupción y promover la Convención en cada uno de sus ámbitos de acción. Nuestro propósito es ampliar el trabajo de esta Comisión para incluir los aspectos relacionados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y su implementación, incluyendo lo relacionado con la cooperación internacional.
En esta materia, Venezuela está siempre atenta y dispuesta a poner todo su esfuerzo. A tal efecto y con el fin de optimizar la labor de los organismos e instituciones venezolanas involucradas en la lucha contra la corrupción, el gobierno venezolano ha suscrito diversos tratados internacionales de cooperación entre los que se destacan varios tratados de extradición con otros países.
Por ende, con el fin de promover expertos en la materia, dar a conocer su contenido y propósito, y formar e involucrar un mayor número de funcionarios de la propia Contraloría y de otras instituciones de la administración pública nacional y de América Latina, la Contraloría venezolana diseñó un curso virtual sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción que está siendo dictado a funcionarios de diversas instituciones de la administración pública. Algo similar deberá hacerse en el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Dada la importancia y experiencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores como organismos responsables de velar por el buen gobierno y la transparencia en la gestión pública, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela tiene particular interés en que tales entidades participen activamente en todo el proceso de implementación y seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y es por ello que en el marco de estas instituciones ha fortalecido en Latinoamérica y el Caribe el conocimiento y responsabilidad ante tales instrumentos internacionales, promoviendo el intercambio de experiencias y estrategias en materia anticorrupción. Como consecuencia, las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe tienen un plan de cooperación mutua en estas materias, orientándose a construir un gran banco de datos de información compartida de hechos o sujetos involucrados en estos delitos, en nuestros territorios.
Ahora bien, los problemas de corrupción a los que hoy en día hacen frente las naciones, no pueden ser abordados únicamente por los gobiernos. Entendemos que la cooperación entre el sector privado y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, es un elemento fundamental que actúa como factor preventivo y disuasivo de la comisión de actos de corrupción. Por tanto, se requiere del concurso del sector privado, de las organizaciones que conforman la sociedad, de las instituciones internacionales y de las organizaciones no gubernamentales, de manera particular en lo tocante a las medidas preventivas.
Esta cooperación entre todos los sectores de la vida social nacional e internacional se debe dar a nivel de:
• un mayor conocimiento del problema y de las de las instituciones dedicadas a combatirla, y un aumento del intercambio de información;
• una toma de conciencia creciente acerca de la gravedad del fenómeno de la corrupción para la vida de los ciudadanos, y una mayor difusión de los instrumentos legales existentes para combatirla, entre los que se encuentra la Convención;
• una asistencia técnica recíproca, una mayor coordinación institucional y un enfoque consistente del problema que tenga carácter internacional;
• la instrumentación de otras medidas paralelas de carácter eminentemente práctico;
• la implantación de sistemas judiciales, honestos, transparentes y efectivos, que verdaderamente sancione a los corruptos;
• dirigentes a todos los niveles de la actividad humana que sean verdaderamente honestos y eficientes, íntegros, que con su conducta den ejemplo y contribuyan al establecimiento de nuevos modelos, nuevos modos de comportamiento y nuevas formas de convivencia.
Con respecto a las medidas preventivas, aun cuando una gran parte de los actos de corrupción se llevan a cabo a escondidas y, por ello su detección no siempre es evidente o demostrable, hay una serie de acciones que mediante el concurso de los actores gubernamentales y de la sociedad en general, se pueden tomar. Es indispensable que exista una voluntad decidida por parte de las autoridades para combatirla y una estrategia gubernamental diseñada a tal efecto, que involucre a la administración pública y privada. Es asimismo importante detectar aquellas áreas que son más vulnerables para reforzarlas con personas de probada honestidad y con buenas remuneraciones y un buen paquete socio económico; controles de distinto tipo no solo en el orden normativo sino también en el plano organizacional, administrativo, económico, entre otros; un sistema judicial independiente y respetable, compuesto por jueces íntegros y competentes; cuerpos policiales y de seguridad bien equipados y remunerados, eficientes, de gran integridad y con mística en el trabajo; una cultura en la que la honestidad, la laboriosidad, la responsabilidad, la solidaridad y la transparencia sean los valores que los miembros de la sociedad compartan; medios de comunicación con campañas y eslogan estimulando dicha cultura, etc. En el ámbito del control, se debe reforzar el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores aumentando su independencia y autonomía, dotándolas de mayores recursos y ampliando su campo de acción.
Los numerosos convenios existentes en la materia dan cuenta de la gravedad que reviste el actual fenómeno de la corrupción. Las definiciones y enfoques académicos desarrollados en los últimos años tratan de abordar el problema de forma individual y colectiva. Si bien algunos convenios se circunscriben a una región, todos hacen hincapié en la necesidad de que los países cooperen entre sí en la lucha contra la corrupción.
En el ámbito internacional, es fundamental que, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción los países cooperen activamente en el combate contra: el lavado de dinero, que tanto daño hace a las economías pues no es un dinero generado por la producción, el trabajo y el esfuerzo de los ciudadanos de una nación; y la transferencia de fondos activos de origen ilícito derivados de actos de corrupción en detrimento de la sociedad, buscando y diseñando las formas más eficaces para el retorno y repatriación de esos fondos a sus países de origen. Es indispensable que todos aunemos esfuerzos y compartamos responsabilidades sobre la asistencia técnica multilateral entre los distintos órganos de cada país responsables de la lucha contra la corrupción, intercambiando información y experiencia en la materia.
En nuestros países, debemos hacer un esfuerzo sostenido por mejorar los servicios, la situación laboral y la calidad de vida de los ciudadanos, combatiendo la pobreza, con la ayuda de las naciones en mejores condiciones de desarrollo, con miras a crear sociedades que sean menos vulnerables a la corrupción. Finalmente, debemos también comprometernos a implementar en nuestros gobiernos y sociedades este magnífico instrumento con el que ahora contamos: La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La lucha contra la corrupción es un esfuerzo constante y permanente que nunca cesa. Estamos dispuestos a cooperar con otros países y a prestar asistencia en investigaciones individuales y conjuntas en materias vinculadas con la corrupción. Tal colaboración resulta hoy en día indispensable si queremos frenar este terrible flagelo que tiene que ser enfrentado de manera solidaria y mancomunada dentro del concierto de las naciones para poder tener éxito.
Muchas gracias por su atención.
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